El Estado irracional

El fallo de la Corte Suprema de Justicia que obligó al Gobierno a pedir disculpas por los abusos policiales hizo entender que los problemas de organización de la Fuerza Pública son una cascada estructural de irregularidades y no ‘manzanas podridas’.

Como si no fuera suficiente la polémica causada durante las protestas, el periódico El Tiempo reveló las amenazas que recibió el oficial encargado de la investigación en contra de los agentes involucrados en la muerte de Javier Ordóñez y que, al parecer, provienen de sus propios colegas, pues la foto que acompañaba los mensajes amenazantes fue sacada directamente de la base de datos de la Policía.

La propia Procuraduría ha pedido al Gobierno una reestructuración de la entidad y ha llamado a acatar las órdenes de la Corte. Sin embargo, no se ve una real disposición de las autoridades por querer mejorar esta situación. Por el contrario, han hecho lo posible para dilatar el cumplimiento del fallo, rozando con el desacato, lo que podría traerle problemas judiciales al Ministro de Defensa. Parece no importar el bien de la población sino demostrar quién tiene más poder; un jueguito que termina por desestabilizar una democracia que, de por sí, “anda en los rines”.

Al final, los colombianos terminan sufriendo las consecuencias: 13 muertos y más de 400 heridos, entre civiles y miembros de la Fuerza Pública, fue el saldo de las manifestaciones del 9 y 10 de septiembre. Las víctimas no estaban relacionadas con los pulsos políticos ni hacían parte de las esferas del poder, sino que terminaron convirtiéndose en la carne de cañón de un Estado incapaz de regular su propia fuerza y mantener satisfecha a su propia gente.

Esto tampoco se trata de doblegarse ante aquellos que quieren desestabilizar a la Nación para llegar al poder. Siempre será necesario un control de las movilizaciones para evitar actos vandálicos en contra de los uniformados, pero no es posible justificar la disuasión de un grupo de manifestantes con armas letales sólo por gritar arengas en contra de quienes ejercen el poder, ni mucho menos permitirse que criminales con uniforme decidan sobre la vida de un pueblo históricamente oprimido por las injusticias y la corrupción.

En últimas, va en contra de toda lógica que la Policía y el Ejército se pasen por la faja la Constitución, los derechos humanos y los acuerdos internacionales, cuando son quienes deberían hacer cumplir al pie de la letra estas normas. Se falta aún más a la lógica cuando se intenta suprimir la protesta pacífica en un país que dice ser democrático y que sostiene la libertad de expresión como uno de sus derechos fundamentales. Es completamente irracional que, además, hayan personas que justifiquen actos de violencia como el asesinato de aquellos que se atreven a cuestionar lo que está mal, como fue el caso del profesor Campo Elías Galindo. Si se dice que el humano es un animal racional, parece que el colombiano se quedó sin lo racional.

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